La rebelión de los arquitectos
Un profundo malestar invade a los arquitectos. “Fraude”, “explotación”, “método perverso”, son los calificativos que usan para definir las actuales adjudicaciones de obra pública por parte de las administraciones.
De “muy grave” califica el nuevo presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Jordi Ludevid, la Ley de Concursos del Sector Público (LCSP) vigente desde 2007 para la adjudicación de proyectos de la Administración –una de las mayores proveedoras de obras–. Y pide cambios “radicales” en ella. Es una norma, explica Ludevid, que se utiliza de forma abusiva: “Los arquitectos, en un concurso de ideas, son requeridos a presentar anteproyectos sin ninguna retribución, lo cual presenta indicios de inconstitucionalidad porque obliga a trabajar a un profesional sin cobrar. Eso supone que millones de euros que se han invertido en la realización van a la cloaca. Es trabajar sin cobrar de una forma escandalosa y que no ocurre en otros países de nuestro entorno”, explica con vehemencia.
Según Ludevid, la gravedad de la situación no proviene sólo de la ley, sino también de su aplicación. El actual modelo ha derivado hacia un sistema que presenta tantos problemas que, en su conjunto, cree que resulta
inaceptable. Y Ludevid hace un repaso de los principales fallos que encierra el sistema. En primer lugar, considera excesivo el peso de la propuesta económica en la adjudicación. “La mejor propuesta arquitectónica es un servicio complejo y no puede medirse como si alguien estuviera comprando una impresora o asfaltando una carretera”. En segundo lugar, precisa, “está claro que los tipos de licitación son a menudo inaceptablemente bajos, a veces indignos, por debajo del mercado español y muy lejos del mercado europeo. Además, el precio ofertado es incierto y no se corresponde con un objeto del contrato preciso e inequívoco. Las rebajas temerarias no son infrecuentes”. Y, por último, “la composición de los jurados en demasiadas ocasiones prescinde de los arquitectos o representan una minoría ridícula”.
Rotundas declaraciones
“Un fraude”. “Una explotación”. “Un método perverso”. El rosario de descripciones no es precisamente halagüeño, pero sí bastante unánime. El mundo de la arquitectura en España está profundamente molesto por el actual sistema de concursos para la adjudicación de obras públicas. Lo que era un modelo envidiado por otros países del entorno –la teoría es que posibilita el acceso de los jóvenes al mercado y la experimentación de nuevas formas en el lenguaje de la construcción– desembocó en unas rotundas declaraciones, las primeras de Jordi Ludevid tras ser elegido presidente de CSCAE. Algo hace agua en la adjudicación por concurso en España, vino a decir. Y sus palabras, sin duda alguna, han destapado un malestar extendido. Se cuestiona la ideonidad de los jurados; se denuncian adjudicaciones a dedo; piden que se retribuya la mera presentación de los anteproyectos que al final no ganan el concurso, y lamentan la, cada vez más frecuente, bajada de los honorarios de los profesionales.
